Se trata del sexto informe anual que elabora el CERMI, tras el primero confeccionado en 2008, año en que entró en vigor en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

En su calidad de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la citada Convención, estatus oficial reconocido por el Estado español, el CERMI viene elaborando un informe anual en el que se examina el cumplimiento por parte de España del tratado internacional de la discapacidad.

 

El informe 2013 examina sistemáticamente la calidad de los derechos de las personas con discapacidad en España, con arreglo al marco de protección y promoción establecido por la Convención, señalando las vulneraciones más graves o insidiosas, formulando propuestas de solución o mejora y detectando y exponiendo buenas prácticas en el despliegue del texto jurídico internacional de la discapacidad.

 

Como documentación para facilitar la supervisión del cumplimiento de la Convención, el informe es remitido por el CERMI al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza), como máxima autoridad en el seguimiento mundial de la Convención. En España, por su parte, se hace llegar al Gobierno de la Nación, a las Cortes Generales, a través de la Comisión de Discapacidad del Congreso, a la Defensora del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial.